Monday, November 13, 2017

UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN



En Venezuela la propuesta gubernamental a partir del año 1999, ha estado enfocada en avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático de participación popular, ratificada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que por consulta pública fue aprobada en el mismo año. 

Sobre la base de los preceptos de la Constitución, se ha establecido un conjunto de Leyes, planes, programas y proyectos, incorporando a las organizaciones comunitarias y a los movimientos sociales, con financiamiento y presupuestos específicos.

La voluntad de avanzar en la construcción de una verdadera democracia participativa y protagónica, se ha pretendido impulsar desde la misma aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, los primeros avances se realizaron con la promulgación de los Consejos Estadales y Locales de Planificación en el año 2002.

Más recientemente y en la dinámica que se ha generado entre el Estado-Sociedad-Territorio, se ha avanzado en nuevos mecanismos y propuestas donde -en algunos casos- las organizaciones comunitarias, sociales y populares, han tenido relación directa con las políticas públicas establecidas en las diferentes escalas del territorio venezolano: nacional, regional, estadal, municipal y comunitario, en algunos espacios con más incidencia que otros; siendo a partir del año 2009 donde se comienza a configurar nuevas formas legales y teóricas, para avanzar en la construcción de un nuevo sujeto histórico, el Poder Popular, como aquel que puede conseguir de manera concreta lo planteado en el preámbulo de la constitución de una nueva República.

Ha sido un proceso de construcción y autoconstrucción, que ha conllevado a la elaboración de un gran número de instrumentos legales y teóricos, que sobre la dinámica de aciertos y contradicciones, son herramientas que le han permitido al Poder Popular ser promotores y participes en las decisiones sobre políticas públicas, donde se ha ido construyendo y modificando sobre el ensayo y error. Sin embargo, la experiencia ha permitido incorporar métodos y mecanismos evidenciados en la transformación socioterritorial que se ha venido dando a lo largo y ancho del territorio venezolano.

No obstante, aún se carece de evaluaciones profundas sobre la implementación de dichas políticas, que permita a los actores gubernamentales y organizaciones comunitarias, sociales y populares, avanzar en un proceso de crítica y autocrítica para el fortalecimiento de experiencias exitosas, así como rectificar o modificar las acciones y prácticas que han imposibilitado la concreción de políticas públicas.

Actualmente, en Venezuela existen un conjunto de Leyes que apoyan y avalan la participación popular en el país, con la finalidad y pretensión -entre otras cosas- de darle sustento y viabilidad en el tiempo, para que no sea sólo un proyecto del Gobierno actual; sino que sea el fundamento para que las comunidades se apoderen de sus espacios, se identifiquen con ellos y sean capaces de hacer propuestas, ejecutarlas y darles sostenibilidad a lo largo de los años, en pro de mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos e ir paulatinamente cambiando el modelo representativo que históricamente ha prevalecido en Venezuela a uno Participativo, nacido desde las bases del Poder Popular.

En el año 1999, nuestra Constitución Bolivariana, nace a partir de un Referéndum Constituyente realizado en el país, quedando derogada la Constitución de 1961; permitiendo entonces la incorporación de una serie de artículos que a su vez han conllevado a la formulación de un conjunto de leyes que han posibilitado la ampliación de instancias de participación en diferentes formas de organización comunitarias, sociales y populares, para la toma de decisiones y el abordaje de las políticas públicas:

1.    Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública
2.    Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas
3.    Ley Orgánica de los Consejos Comunales
4.    Ley Orgánica de Contraloría Social
5.    Ley Orgánica de las Comunas
6.    Ley Orgánica del Poder Popular
7.    Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
8.    Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal

Este conjunto de instrumentos junto a las prácticas de las diferentes organizaciones comunitarias, sociales y populares, vienen configurando una dinámica socioterritorial, que han incidido en el ámbito local y regional, generando diferentes propuestas de desarrollo integral, que puedan contrarrestar las disparidades que se expresan en el territorio y en donde la comunidad participe de manera protagónica, junto a las instituciones y demás actores.

Aún es muy pronto para decir que en Venezuela, la participación del Poder Popular tiene incidencia significativa en la toma de decisiones de alto gobierno; es un proceso incipiente que recién empieza a implementarse en la historia de Venezuela y, considerando que en nuestro país -tradicionalmente- las decisiones han sido tomadas por unos pocos, todavía  falta mucho camino por recorrer; por lo que la intención de este artículo, es solo dejar mención de un proceso de transformación, legalmente establecido, pero que requiere de mucha organización, apropiación y sentido de pertenencia de cada territorio.

Friday, February 24, 2017

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA FUTURA DEL MUNDO PELIGRA DEBIDO A MÚLTIPLES DESAFÍOS

Photo: ©FAO
Un nuevo informe advierte que, sin medidas adicionales, no se alcanzará la meta de acabar con el hambre en 2030

22 de febrero de 2017, Roma - La capacidad futura de la humanidad para alimentarse está en peligro a causa de la creciente presión sobre los recursos naturales, el aumento de la desigualdad y los efectos del cambio climático, según un nuevo informe que publica hoy la FAO.


Empoderar a los pequeños agricultores y darles mejor acceso a la información, mercados, crédito y la tecnología es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro.

Aunque en los últimos 30 años se han logrado avances reales y muy importantes en la reducción del hambre en el mundo, “el aumento de la producción alimentaria y el crecimiento económico tienen a menudo un alto costo para el medio ambiente”, advierte el documento El futuro de la alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos.

“Casi la mitad de los bosques que en tiempos cubrieron la Tierra –se asegura- han desaparecido. Las fuentes de agua subterránea se están agotando rápidamente. La biodiversidad ha resultado seriamente dañada”.

Como consecuencia, “los límites del planeta pueden verse superados de continuar las tendencias actuales”, señala el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, en su introducción al informe.

Para 2050, la humanidad rozará posiblemente los 10.000 millones de personas. En un escenario de crecimiento económico moderado, este aumento de población impulsará la demanda mundial de productos agrícolas en un 50 por ciento más sobre los niveles actuales, según pronostica El futuro de la alimentación y la agricultura, intensificando la presión sobre unos recursos naturales que ya escasean.

Al mismo tiempo, habrá más personas consumiendo menos cereales y mayores cantidades de carne, frutas, hortalizas y alimentos procesados, resultado de una transición en curso de los hábitos alimentarios a nivel global que seguirá añadiendo mayor presión, lo que causará más deforestación, degradación de la tierra y emisiones de gases de efecto invernadero.

Junto a estas tendencias, el clima cambiante del planeta creará obstáculos adicionales. “El cambio climático afectará a todos los aspectos de la producción alimentaria”, según los expertos. Aquí se incluyen una mayor variabilidad de las lluvias y el aumento de la frecuencia de sequías e inundaciones.

Para alcanzar el hambre cero, debemos redoblar nuestros esfuerzos

La pregunta clave que plantea hoy la FAO en su publicación es si, de cara al futuro, los sistemas agrícolas y alimentarios mundiales sean capaces de satisfacer de manera sostenible las necesidades de una creciente población mundial.

¿Una respuesta sucinta?: sí, los sistemas alimentarios del planeta son capaces de producir alimentos suficientes para hacerlo, y de manera sostenible, pero aprovechar ese potencial -y asegurar que toda la humanidad se beneficie de ello- requerirá “profundas transformaciones”.

Sin un impulso por invertir y readaptar los sistemas alimentarios, demasiadas personas seguirán padeciendo hambre en 2030, año en el que la agenda de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha fijado la erradicación de la inseguridad alimentaria y la malnutrición crónica.

“Sin esfuerzos adicionales para promover el desarrollo en favor de los pobres, reducir las desigualdades y proteger a las personas vulnerables, más de 600 millones de personas estarán todavía subalimentadas en 2030”, según el estudio. De hecho, el ritmo actual de progreso ni siquiera sería suficiente para erradicar el hambre para 2050.

¿De dónde provendrán nuestros alimentos?

Dado el escaso margen para expandir el uso agrícola de más tierras y recursos hídricos, los aumentos de la producción necesarios para satisfacer la creciente demanda de alimentos tendrán que venir principalmente de mejoras en la productividad y de la eficiencia en el uso de los recursos.

Sin embargo, existen signos preocupantes de que el crecimiento de los rendimientos se está estabilizando para los principales cultivos. Desde la década de 1990, los aumentos medios en los rendimientos del maíz, arroz y trigo a nivel mundial se sitúan por lo general poco por encima del 1% anual.

Por ello los autores subrayan que para hacer frente a estos y otros desafíos esbozados en el informe, seguir funcionando como hasta ahora no es una opción.

“Será necesaria una profunda transformación en los sistemas agrícolas, las economías rurales y la gestión de los recursos naturales si queremos hacer frente a los múltiples desafíos que tenemos ante nosotros y aprovechar todo el potencial de la alimentación y la agricultura para garantizar un futuro seguro y saludable para todas las personas y para todo el planeta”, dicen.

“Los sistemas agrícolas –añaden- que requieren un uso intensivo de insumos y recursos y que han causado deforestación masiva, escasez de agua, agotamiento del suelo y niveles elevados de emisiones de gases de efecto invernadero, no pueden ofrecer una producción agrícola y alimentaria sostenible”.

Más con menos

El principal reto es producir más con menos, preservando y mejorando al tiempo los medios de subsistencia de los pequeños agricultores familiares y asegurando el acceso de los más vulnerables a los alimentos. Para ello, se necesita un enfoque de doble vía que combine la inversión en protección social -para abordar de inmediato la subalimentación- e inversiones en actividades productivas en favor de los pobres -en especial la agricultura y en las economías rurales- para aumentar de forma sostenible sus oportunidades de obtener ingresos.

El mundo tendrá que cambiar a sistemas alimentarios más sostenibles que hagan un uso más eficiente de la tierra, el agua y otros insumos y reduzca enormemente el uso de combustibles fósiles, lo que conducirá a un drástico recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero, y una disminución de los residuos. Esto exigirá más inversiones en sistemas agrícolas y agroalimentarios, así como un mayor gasto en investigación y desarrollo, según el informe, para promover la innovación, apoyar el aumento sostenible de la producción y encontrar formas mejores de abordar cuestiones como la escasez de agua y el cambio climático.

Tendencias y desafíos

El informe de hoy identifica 15 tendencias y 10 desafíos que afectan a los sistemas alimentarios mundiales:

15 tendencias

• Una población mundial en rápida expansión marcada por “puntos críticos” de crecimiento, urbanización y envejecimiento
• Diversas tendencias en el crecimiento económico, ingresos familiares, inversión agrícola y desigualdad económica.
• Gran incremento de la competencia por los recursos naturales
• Cambio climático
• Estancamiento de la productividad agrícola
• Enfermedades transfronterizas
• Aumento de conflictos, crisis y desastres naturales
• Pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria persistentes
• Transición alimentaria que afecta a la nutrición y la salud
• Cambios estructurales en los sistemas económicos e implicaciones en el empleo
• Aumento de la migración
• Cambios en los sistemas alimentarios y sus repercusiones en los medios de subsistencia de los agricultores
• Persistencia de las pérdidas y el desperdicio de alimentos
• Nuevos mecanismos de gobernanza internacional para responder a los problemas de seguridad alimentaria y nutricional
• Cambios en la financiación internacional para el desarrollo

10 desafíos

• Mejora sostenible de la productividad agrícola para satisfacer la creciente demanda
• Garantizar una base sostenible de recursos naturales
• Abordar el cambio climático y la intensificación de las amenazas naturales
• Erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad
• Acabar con el hambre y todas las formas de malnutrición
• Hacer que los sistemas alimentarios sean más eficientes, inclusivos y resilientes
• Mejorar las oportunidades de obtener ingresos en las zonas rurales y abordar las causas profundas de la migración
• Reforzar la resiliencia frente a las crisis prolongadas, desastres y conflictos
• Prevenir amenazas transfronterizas y emergentes para los sistemas agrícolas y alimentarios

• Abordar la necesidad de una gobernanza nacional e internacional coherente y eficaz


Documento tomado de: http://www.fao.org/news/story/es/item/471772/icode/ 
Consulte el Informe completo desde: http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf

Wednesday, February 1, 2017

GRANDES INTERVENCIONES URBANAS - CASO “TROLEBUS DE MÉRIDA, C.A. (TROMERCA)”


Los macroproyectos de renovación urbana han pasado a ser materia importante en muchas naciones de América Latina en los últimos tiempos, debido en parte a los cambios propiciados por los procesos de globalización, la desregulación y la introducción de nuevos enfoques en la planificación urbana. Estos proyectos comprenden numerosos tipos de intervenciones, pero se caracterizan primordialmente por su magnitud en tamaño y escala, lo que plantea un reto para los instrumentos tradicionales de gestión y financiamiento urbano[1].

Vamos a hacer un poco de historia para el caso de Venezuela; empezando por decir que en 1874 se crea el Ministerio de Obras Públicas[2] (MOP), con la finalidad de desarrollar la infraestructura en el país: edificios, monumentos, ornamentación y decoración, puentes y calzadas, ferrocarriles, carreteras y caminos, acueductos, canalizaciones y muelles; que fueron configurando las áreas urbanas y rurales del territorio nacional; pero es entre 1908 y 1935, durante la presidencia de Juan Vicente Gómez, que se hacen cuantiosas inversiones para grandes intervenciones sobre el territorio, como la carretera Caracas – La Guaira, la carretera Trasandina o Troncal 7, desde Caracas hasta la población de San Antonio del Táchira, Municipio Bolívar del estado Táchira, frontera con la República de Colombia, abarcando un extenso recorrido de 1.529 km de longitud; así mismo, se construyeron las carreteras desde Caracas a Soledad, en la costa del Orinoco, de Caracas a Maracay, de Maracay a Ocumare de la Costa, entre otras; logrando así, una gran conexión vial de Caracas, Capital de la República con el interior del país.

Posterior a Gómez, bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), se construyeron las obras más monumentales del siglo XX, como la autopista Caracas – La Guaira, el Centro Simón Bolívar y el Puente sobre el Lago de Maracaibo.

No entraremos a detallar todas las construcciones que se realizaron bajo los distintos periodos presidenciales del siglo XX; puesto que la intención es mencionar solo algunos, para entender un poco nuestra realidad actual como país, en materia de configuración espacial urbana; por lo que es importante resaltar que, las primeras manifestaciones concretas por racionalizar y controlar los procesos de ocupación del territorio se dieron entre los años 1936 – 1941, con la creación de la Dirección de Urbanismo del Distrito Federal y la elaboración del Plan Monumental de Caracas o Plan Rotival en 1939; reconocido así por algunos, debido a que uno de los creadores franceses se apellidaba de esta manera.

Es importante hacer referencia a este Plan, porque en primera instancia fue elaborado por extranjeros, con una visión del deber ser internacional y de lo que para la época imponía la Sociedad Francesa de Urbanistas; dando el inicio para Venezuela de la legalización de las zonas marginales, donde debía asentarse la clase baja de las ciudades, la clase obrera trabajadora; pues este Plan Monumental, sanciona un modelo de ciudad, una distribución espacial fundada en el ingreso y en el proceso de producción. Así, las zonas industriales y barrios obreros quedan asentadas hacia Catia y Antímano, con algunas zonas adicionales en El Valle y Prado de María. Por el contrario, las zonas residenciales de clase media y alta aparecen fundadas en el Este de la ciudad[3].

Todo esto, ha ido imponiendo a lo largo de los años, con la influencia siempre de actores internacionales, la forma en cómo debían irse configurando las ciudades a lo largo y ancho del país, con la intervención del mercado y la imposición de los precios del suelo, favoreciendo a unos más que otros.

Es así entonces, que en la medida que la población en Venezuela ha ido aumentando, así como la migración campo – ciudad ha llegado a estar muy cerca del 100%, los diferentes gobiernos a través de las instancias correspondientes, han tenido que ir respondiendo a esa demanda creciente, para brindar en la ciudad la mejor calidad de vida posible a sus habitantes; por lo que la ciudad de Mérida, como colectora de grandes masas de población debido a la presencia de la Universidad de Los Andes, como una de las más antiguas del país, no ha escapado a esta realidad y, es así, que desde hace 20 años aproximadamente, se viene hablando y concretando diferentes etapas de un proyecto relacionado a un sistema de transporte masivo, en respuesta a lo anteriormente dicho, que hoy día se le llama “Trolebús de Mérida”.

El Trolebús de Mérida es un sistema de transporte masivo único en su estilo en el país, hasta la fecha de su inauguración en Junio de 2007. Se encuentra ubicado en el Estado Mérida, de la República Bolivariana de Venezuela, y conecta a la Ciudad de Ejido con la Capital del Estado: la Ciudad de Mérida; donde por su condición de Capital alberga la mayor cantidad de población de toda la entidad, con un total de 330.537 hab.[4]; mientras que Ejido es la tercera en cantidad con 99.837 hab.[5], pero puede considerarse como el punto de conexión entre las localidades ubicadas al Sur del Estado con la Capital de éste.

Elaboración propia. Recorrido del sistema, en las ciudades de Ejido y Mérida
Las primeras obras de construcción del Trolebús se iniciaron en Marzo de 2001, poniéndose operativo en Junio de 2007 con la finalización de un tramo de la Línea 1; operado y administrado por la Empresa TROMERCA, quien a su vez, financia, inspecciona y ejecuta programas, ingeniería de infraestructura y superestructura, adquisición de equipos e instalaciones, a fin de garantizar la prestación permanente, continua y eficaz de este sistema, que desde su puesta en marcha ha trasladado a 49.992.360 usuarios[6], en sus sistemas Trolebús y Trolcable, los cuales constituyen las líneas 1 y 3 del sistema; además se alimenta de energía eléctrica independiente de la que utiliza la ciudad; pues funcionan con energía enviada desde cables de electricidad por medio de una polea ubicada en el techo de las unidades; cuenta con dos sistemas de propulsión: un motor eléctrico y un motor diesel. Contempla tres (3) líneas de comunicación que atravesarán por completo las ciudades de Ejido y Mérida:

ü  Línea 1: Desde el extremo sur de la ciudad de Ejido, hasta su conexión con la Línea 2, en el Sector “Paseo La Feria”, en la ciudad de Mérida.

ü  Línea 2: Aún en proyecto, se prevé que arranque desde el Paseo La Feria, hasta el extremo noroeste de la ciudad de Mérida, en el Sector “La Hechicera”.

ü  Línea 3: Se trata de un Teleférico urbano, operativo desde Diciembre de 2012, denominado TROLCABLE, de aproximadamente 443,34 metros lineales. Comunica las localidades de la “Cuenca del río Chama” (San Jacinto, Carabobo y Chamita), con la Terraza de Mérida; y su recorrido es de aproximadamente tres (3) minutos.

FUENTE: Trolebús de Mérida, C.A. (TROMERCA) - http://www.tromerca.gob.ve/

 Debido a que la ruta de la Línea 2 fue modificada respecto a la propuesta inicial del Proyecto, aún no se ha estimado la fecha de finalización de la totalidad del sistema Trolebús; pues según la empresa que lo dirige, este recorrido está en etapa de diseño.

En Mérida, desde los años 70’ y hasta la puesta en marcha de la Línea 1 del Trolebús, se utilizaba solamente el “transporte público por puesto”, el cual movilizaba para el año 2000, unos trescientos mil (300.000) pasajeros diarios aproximadamente, por unas 53 rutas atendidas por 14 líneas y una cooperativa[7]. Este sistema convencional de transporte presentaba grandes limitaciones, por lo que la selección de un sistema de transporte masivo fue llevado a cabo por parte de la Gobernación del Estado Mérida en el año 1999, evaluando varias opciones: Metro Ligero, TELMAG, Sistema de Autobuses, Areómetro y Trolebús; considerándose a este último con las mayores ventajas en cuanto a su velocidad en altas pendientes, a su flexibilidad en la implantación, su capacidad de transportar una gran cantidad de pasajeros, su permanencia en el tiempo, así como un servicio no contaminante.

La oficina[8] encargada de seleccionar el tipo de sistema que se implementaría, indicó para ese entonces, que el Trolebús por su capacidad de transportar grandes contingentes humanos a una velocidad de 24Km/h, tendría un efecto inmediato sobre el descongestionamiento del tráfico automotor, valorándose también, que las unidades estarían dotadas con sistema de aire acondicionado, que el cableado a lo largo de la línea se colocaría bajo tierra y que el sistema ofrecería tarifas competitivas.




Para el financiamiento del proyecto, durante los años 1997 – 1999, se licitaron las obras civiles entre siete empresas, ganando DRAGADOS, empresa española. El financiamiento se firmó con la Banca Europea, con el Instituto de Crédito Oficial del Reino Unido de España y el Ministerio de Finanzas de Venezuela, suscribiéndose el préstamo, en ese momento, por 92 millones de dólares para pagar en 30 años, 15 años muertos y al 3% de interés[9].

El proyecto ha sufrido varios inconvenientes desde su inicio, incluyendo su paralización en los años 2002 y 2003, debido a los problemas económicos por los que atravesaba el país en ese momento; además debido a debilidades en la gestión, en el año 2009, pasa de llamarse TROLMÉRIDA, bajo la administración del Instituto Autónomo de Transporte Masivo de Mérida, a constituirse como la empresa TROMERCA (Trolebús de Mérida, Compañía Anónima), como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI) -hoy Ministerio del Poder Popular para Transporte-.

Los dirigentes del proyecto tuvieron que fundamentar contundentemente la viabilidad del proyecto, ya que en varias oportunidades se produjeron desacuerdos entre el encargado inicial (OFIMETRO) y el Ministerio para el Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR) -hoy Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (MINEA)-, por el impacto que las obras de ingeniería podrían generar en el sistema hidrológico que rodea la ciudad. Según notas encontradas, los inconvenientes surgidos entre los dos organismos, se debían en gran medida, a la inconsistencia técnica del proyecto en cuanto a la remodelación de puentes. Para este ministerio lo importante era que en la construcción del trolebús se respetara la Ley Orgánica del Ambiente y lo dispuesto en el Decreto Presidencial N° 1.257, sobre evaluaciones ambientales[10].


INSERCIÓN URBANA DEL PROYECTO.
Pueden realizarse innumerables críticas a este proyecto, también cabría la afirmación de que éste es una necesidad obvia en el contexto de desarrollo urbano y de las crecientes demandas de ambas ciudades; pues en la ciudad de Mérida se encuentra una de las universidades más antiguas del país (Universidad de Los Andes – ULA) y es considerada al mismo tiempo, como uno de los destinos turísticos con proyección nacional e internacional; por lo que el sistema de transporte tradicional de busetas y microbuses, parecía no satisfacer las necesidades de movilidad de la población; pues si bien para algunos la solución más adecuada hubiese sido el incremento de unidades de transporte de este tipo, el sitio donde se encuentran emplazadas estas ciudades dificulta el tráfico vehicular masivo; ya que la ciudad de Mérida se ubica sobre una terraza dividida a sus costados por dos ríos importantes (Albarregas y Chama), con poco espacio disponible para la construcción de grandes avenidas; mientras que la ciudad de Ejido, emplazada en un conjunto de abanicos aluviales, dificulta la ampliación y reestructuración de la trama vial existente.

Debe reconocerse el impacto “positivo” que tuvo el proyecto en la avenida principal de la ciudad de Ejido (Avenida Centenario), así como en su área de influencia, pues antes de la construcción de las vías del Trolebús, ésta era solo considerada como una “Ciudad Dormitorio”, que por los bajos costos que ofrecía para vivir, mucha población la consideraba atractiva solo por su cercanía con la Capital del Estado.

La construcción del trolebús en Ejido, cambió drásticamente la trama y dinámica urbana de la ciudad; el área por donde éste circula ha configurado un paisaje urbano más agradable para sus habitantes y turistas; aspectos que han sido grandemente aprovechados por el mercado inmobiliario; pues luego de la finalización de algunas de sus estaciones, diversas empresas se dispusieron a ofrecer las “mejores soluciones habitacionales” en estas zonas e incluso en sus adyacencias, tomando como slogans que las nuevas viviendas estarían a una distancia muy corta del Trolebús. Esto trajo consigo (entre otras consecuencias), que en poco tiempo los precios del suelo fueran aumentando paulatinamente, y en cuestión de pocos años, Ejido ya no sería catalogada solo como la “opción que quedaba para vivir”, sino que al mismo tiempo, la actividad comercial fue adquiriendo mayor importancia.

La ciudad de Mérida, igualmente, ha sido objeto de grandes intervenciones sobre las vías principales existentes (Avenida Andrés Bello, Av. 16 de Septiembre, Av. Don Tulio), reestructurándolas para así poder incorporar los dos canales por donde el trolebús circula actualmente. Los cambios mayores en cuanto a derribamiento de espacios construidos se han dado en el Sector Pié del Llano (donde cambia su dirección hacía la Av. 16 de Septiembre) y en el Sector Paseo La Feria, donde se enlaza la Línea 3, ya que antes de la construcción de una de las estaciones del TROLCABLE (Ver imagen 4), se encontraba un parque recreativo (Parque de Los Conquistadores, comúnmente conocido como Parque La Burra), con un monumento que estuvo allí desde 1982 y que para muchos merideños es un símbolo de tradición cultural, por lo que la empresa TROMERCA tuvo que superar varias negativas por parte de la comunidad en general y así poder construir una de sus estaciones, trasladando dicho parque hacia la zona alta de la ciudad, en Los Chorros de Milla.




Así como en la ciudad de Ejido, en la ciudad de Mérida, la puesta en funcionamiento de un tramo de la Línea 1, contribuyó al aumento en las rentas y valores de los inmuebles, si bien no se construyeron nuevos conjuntos residenciales en las adyacencias de esta arteria vial, como ocurrió en Ejido, el precio se incrementó exorbitadamente.

Afortunadamente, hasta el momento este proyecto no ha generado elitización en el área por donde circula el trolebús, ni desplazamiento de habitantes del área hacia otras zonas, por lo que, con su puesta en marcha puede decirse que no ha habido segregación urbana. Sin embargo, queda esperar el desarrollo del Tramo 2 hacía la zona de La Hechicera, pues debe circular por el centro de la ciudad donde sus vías son estrechas con presencia de un importante sector comercial.

A manera de conclusiones, podemos mencionar que un sistema de transporte masivo de una determinada ciudad, puede tener sus ventajas y desventajas; por lo que el éxito o no del proyecto dependerá fundamentalmente de las decisiones/posturas que adopten sus líderes, bien sean intervenciones llevadas a cabo por el sector público, el privado o por relaciones entre ambos.

Para el caso del Trolebús de Mérida, hasta el momento, no es un proyecto que beneficie a toda la población, pues según la empresa que lo administra y opera (TROMERCA), es un sistema para beneficiar tanto a sus usuarios, como a los que circulan en su auto particular y que luego de su puesta en marcha reduciría o evitaría los grandes y largos embotellamientos vehiculares sobre las vías principales de las ciudades de Ejido y Mérida; cuestión que desde 2001 hasta la actualidad, no ha sido posible lograr.

Sin embargo, esta crítica, que puede resultar negativa, estaría incompleta; pues como respuesta justificativa al no cumplimiento aún del objetivo principal de este sistema, puede decirse que el “proyecto no se ha culminado”, y si hacemos una mirada al futuro, imaginándonos la concreción total del proyecto, con la puesta en funcionamiento de todas sus unidades, las tres líneas operativas y visualizando un convenio entre TROMERCA y las asociaciones existentes del transporte tradicional, donde éste no circule por las mismas rutas del trolebús, concluiríamos que el Trolebús de Mérida es una obra necesaria y que tal vez la objeción sería, que su construcción comenzó un poco tardía.

Podríamos ahondar en si su elección fue la mejor decisión o no, debido a las grandes intervenciones ambientales ocasionadas hasta el momento o por las futuras modificaciones que se deberán hacer en el centro de la ciudad de Mérida, por las “expropiaciones” o ventas forzosas que deberá hacer la población que vive en los sectores planteados para su tránsito; pero lo que sí podemos atrevernos a afirmar es, que estas ciudades demandaban desde hace años un mejor servicio en el tema de transporte público.
  




[1] Mario Lungo, 2002. Macroproyectos urbanos: Desafío para las ciudades latinoamericanas
[2] En 1977 se divide en tres Ministerios: Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR), Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) y Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)
[3] Plan Monumental de Caracas 1939: Preámbulo histórico. http://obeddelfin.blogspot.com.ar/2012/07/plan-monumental-de-caracas-de-1939.html
[4] Censo Venezuela, 2011. Instituto Nacional de Estadística.
[5] Censo Venezuela, 2011. Instituto Nacional de Estadística.
[6] Trolebús Mérida, C.A. (TROMERCA). http://www.tromerca.gob.ve/
[7] Gerencia de Vialidad de la Alcaldía del Municipio Libertador. Loaiza L. y Morales C. 2002.
[8] OFIMETRO – Oficina Metropolitana de Transporte Masivo de Mérida. Creada por la Gobernación del Estado Mérida en 1996 (no se cuenta con mayores datos).
[9] Dávila, William. 2007.
[10] El Trolebús como una Política Pública. Luís Loaiza y Carlos Morales. Universidad de Los Andes. 2002.

Thursday, January 12, 2017

CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


El presente artículo, pretende mostrar una idea sencilla de cómo elaborar un Plan de Conservación de Cuencas; a través de una metodología que involucra al protagonista principal: sus habitantes y todos aquellos que hacen uso de estos territorios. Empezaremos con entender qué es una Cuenca Hidrográfica,  utilizando la definición establecida en la Ley de Aguas del año 2007, que en su Artículo 2 “Unidad territorial delimitada por las líneas divisorias de aguas superficiales que convergen hacia un mismo cauce, y conforman espacios en el cual se desarrollan complejas interacciones e interdependencias entre los componentes bióticos y abióticos, sociales, económicos y culturales, a través de flujo de insumos, información y productos”.

Así mismo, haremos una breve descripción de la legislación de nuestro país, que a través de diferentes formas orienta y le da vigencia legal a este tipo de instrumentos; siendo importante señalar, que si bien existen en Venezuela, instituciones gubernamentales creadas para dar cumplimiento a estas leyes, así como ser las responsables de velar por un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, cada comunidad, desde sus diferentes formas de Organización Popular, como los Consejos Comunales y Comunas, no están excentos de crear, participar y ejecutar este tipo de instrumentos; pues la legislación que los ampara también les da competencias en la conservación y preservación del ambiente, en sus diferentes ámbitos geográficos.

Nuestra Constitución Bolivariana, específicamente en su Artículo 127, establece que Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva  en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”. Es por ello, que las distintas instituciones locales, municipales, regionales y nacionales con competencia en materia ambiental, deben realizar e incentivar a la población en la realización de planes que permitan, no sólo conservar, sino también restaurar aquellas cuencas del territorio nacional que han sido intervenidas por diversas causas y que hoy día están afectando, tanto la producción de agua potable, indispensable para el desarrollo de la vida humana en el planeta, como la continuidad de distintas especies animales y vegetales en el mismo.

Por otro lado, el Plan de la Patria 2013-2019, a través de su “V Objetivo Histórico plantea: Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”, y por medio de los Objetivos Nacionales: 5.1. Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza; 5.2. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será su principal garante; 5.4. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos de cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador”.

Del mismo modo, se toma en cuenta la  Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, del año 1983, que en su Artículo 3 reza:1. La definición de los mejores usos de los espacios de acuerdo a sus capacidades, condiciones específicas y limitaciones ecológicas; 2. El establecimiento de criterios prospectivos y de los principios que orienten los procesos de urbanización, industrialización, desconcentración económica y de asentamientos humanos; 5. el desarrollo agrícola y el ordenamiento rural integrados, para mejorar las condiciones de habitabilidad del medio rural y para la creación de infraestructura necesaria para el fomento de la actividad del sector agropecuario; 8. La definición de corredores viales y las grandes redes de transporte”.

Igualmente, la Ley Orgánica del Ambiente, del año 2006, en su “Artículo 4 contiene: La gestión del ambiente comprende: 1. Corresponsabilidad: Deber del Estado; la sociedad y las personas de conservar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. 6. Educación ambiental: La conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado debe ser un valor ciudadano, incorporado en la educación formal y no formal. 9. Evaluación de impacto ambiental: Todas las actividades capaces de degradar el ambiente deben ser evaluadas previamente a través de un estudio de impacto ambiental y socio cultural. Artículo 9: A los efectos de esta Ley, se consideran herramientas de la gestión del ambiente, la ordenación del territorio, la planificación, la evaluación y el control. Artículo 10: 6. Prevenir, regular y controlar las actividades capaces de degradar el ambiente. 12. Elaborar y desarrollar estrategias para remediar y  restaurar los ecosistemas degradados. Artículo 80: Se consideran actividades capaces de degradar el ambiente: 2. Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generación de movimientos morfodinámicos, tales como derrumbes, movimientos de tierra, cárcavas, entre otros”.

La Ley de Aguas, del año 2007, establece en suArtículo 18: El manejo de las aguas comprenderá la conservación de las cuencas hidrográficas, mediante la implementación de programas, proyectos y acciones dirigidos al aprovechamiento armónico y sustentable de los recursos naturales. Artículo 54: Las zonas protectoras de cuerpos de agua tendrán como objetivo fundamental proteger áreas sensibles de las cuales depende la permanencia y calidad del recurso y la flora y fauna silvestre asociada. Se declaran como zonas protectoras de cuerpos de agua, con arreglo a esta Ley: 1. La superficie definida por la circunferencia de trescientos metros de radio en proyección horizontal con centro en la naciente de cualquier cuerpo de agua”.

La Ley de Bosques y Gestión Forestal, del año 2008, que dicta en su Artículo 10: La gestión forestal incluye las acciones siguientes: 4. La protección y recuperación de los bosques, tierras forestales, árboles fuera del bosque y otras formaciones vegetales asociadas o no al bosque; 5. El manejo de los bosques, a los fines de su conservación, uso y aprovechamiento sustentable; 6. El fomento al mejoramiento de los bosques existentes, establecimiento de plantaciones forestales, sistemas agroforestales y uso integral de la tierra. Artículo 17: Corresponde al Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos competentes, definir, formular e implementar políticas, estrategias; planes, programas, proyectos y acciones en el marco de la gestión forestal. Artículo 19: Corresponde a los Municipios, en el ámbito de sus competencias: 1. La planificación y ejecución de programas y obras de protección y recuperación del patrimonio forestal municipal, incluido el seguimiento y control de las actividades de mantenimiento y poda de árboles fuera del bosque y otras formaciones vegetales ubicadas en jurisdicción del Municipio. Artículo 20: Participación Popular: Las comunidades locales, actuando bajo cualquiera de las formas organizativas reconocidas por el ordenamiento jurídico vigente, participan directamente de la gestión forestal”.

Es fundamental, que a través de la realización y ejecución de este tipo de Planes, se incorporen las distintas instituciones públicas y privadas que hacen vida en el lugar objeto de estudio, así como a todas las Organizaciones de Base del Poder Popular, para que sean garantes de su cumplimiento y a través del tiempo recuperar las zonas que a lo largo y ancho del territorio han sido afectadas por incendios, eventos climáticos (El Niño, La Niña, vaguadas, deslizamientos, derrumbes, etc.) así como por la intervención antrópica para la construcción de viviendas, industrias, instalación de torres eléctricas, construcción de vías de comunicación, siembras de distintos rubros agrícolas, por el desarrollo de la ganadería intensiva y extensiva (ocasionando cambios de uso del suelo), práctica de la actividad turística, entre otros.

A fin de mostrar una metodología sencilla, haremos mención a manera de ejemplo, como área de estudio al estado Táchira, para la elaboración de un Plan para Conservación de Cuencas Hidrográficas, con áreas afectadas, que ameriten una intervención para la recuperación de sus espacios, plantearemos un conjunto de objetivos, que permitan desglozar brevemente las etapas que deben seguirse para dar inicio al proceso. Es así entonces, que como Objetivo Principal, propondremos: 
  • Reforestar áreas críticas de cuencas hidrográficas de los principales cursos de agua que surten de agua potable a los habitantes del estado Táchira, con énfasis a las áreas con mayor densidad demográfica.

Para dar cumplimiento a nuestro Objetivo Principal, plantearemos unos Objetivos Específicos, que nos sirvan de hoja de ruta, en el tiempo que nos planteemos lograrlo:
  1. Identificar a través de imágenes de satélite las áreas forestales afectadas en las principales cuencas hidrográficas que surten de agua potable a los habitantes del estado Táchira.
  2. Seleccionar las áreas potenciales a ser reforestadas, a través de reconocimiento de campo que incluya el tipo de afectación que presentan.
  3. Seleccionar el tipo y número de especies vegetales que serán utilizadas para la reforestación.
  4. Incorporar  a las distintas instituciones públicas y privadas, así como a las Organizaciones de Base del Poder Popular y a la comunidad en general, para el seguimiento y control de las especies utilizadas para la reforestación.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se propone el desarrollo de la siguiente metodología:
Elaboración propia.

ETAPA I. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
          Se refiere al trabajo técnico previo que debe realizarse con el apoyo de imágenes de satélite que cubran todo el territorio objeto de estudio, para la identificación de las áreas boscosas afectadas -por diversas causas- en las cuencas hidrográficas que surten de agua potable al mayor número de población. Se hará una priorización en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), donde tiene competencia directa el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas e INPARQUES, en articulación con instituciones públicas que hacen vida en dicho territorio. 

          Es importante para el caso de Venezuela, hacer referencia a este tipo de figuras que constituyen espacios geográficos, sitios y elementos del medio con excepcionales características biológicas, físicas y socioculturales, las cuales ameritan recibir del Estado una protección efectiva y permanente bajo un régimen de administración especial, que garantice su conservación para el uso y disfrute de las presentes y futuras generaciones. Estas características les confieren un alto potencial para el desarrollo de actividades educativas, científicas, turísticas, recreacionales y de servicios ambientales tales como: producción de agua, mantenimiento de procesos ecológicos esenciales, defensa de especies en peligro de extinción, protección de áreas adyacentes a ciudades, entre otras.

      En general estas áreas son generadoras de importantes recursos que ayudan a alcanzar el desarrollo sustentable, tales como: agua, hidroelectricidad, turismo, recreación, investigación científica y medicamentos naturales para la industria farmacéutica. Contribuyen al mantenimiento del equilibrio ecológico, hábitat de fauna silvestre, a la captación, fijación de CO2, a la seguridad y defensa de la Nación.

        En la actualidad, el país cuenta con 400 ABRAE, agrupadas en tres categorías genéricas de manejo y 21 tipos de figuras o categorías específicas, que alcanzan a 94.342.432,27 hectáreas, lo que equivaldría al 74,07% del territorio nacional, si se le incluye en este porcentaje la superposición de algunas figuras decretadas*.          

          Una vez identificadas las ABRAE, así como las áreas afectadas, tanto bajo protección, como las que no, se procederá a calcular la superficie total bajo intervención, a fin de tener una idea clara de cuál es la superficie a intervenir de la totalidad en estudio.


Elaborado por la Geóg. Carmelina Ramírez


ETAPA II. SELECCIONAR ÁREAS SUJETAS A INTERVENCIÓN
       Una vez identificadas las zonas afectadas en las ABRAE del Estado Táchira, para la reforestación y conservación de las mismas, se delimitará el territorio que será abordado, como Cuenca, Subcuenca o Microcuenca, tal como se muestra en la siguiente imagen:


Elaborado por el Geóg. Fernando Porras

            Así una vez que se conozca el territorio a abordar, se identificará el tipo de afectaciones que ocurre en el lugar: incendios, deforestación, cambios de uso. A través del Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado Táchira (INAPROCET), se obtuvo esta imagen de satélite, donde se aprecia claramente un área afectada por un incendio, ocurrido en el Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza - Los Páramos, en el mes de mayo de 2015, que afectó la vegetación del lugar, tal como se muestra en la siguiente imagen:




EL ÁREA TOTAL DE AFECTACIÓN ES DE APROXIMADAMENTE 86 HECTÁREAS DE
VEGETACIÓN BAJA Y MEDIA (ARBUSTOS ACHAPARRADOS) PROPIA DE LA ZONA DE
TRANSICIÓN DE BOSQUE NUBLADO A PARAMO.
 
       En la siguiente imagen, se puede observar también la afectación que presenta una microcuenca, en el Monumento Natural ABRA de Río Frío, identificando que en ella se ha dado un cambio de uso de la tierra que afectan las zonas protectoras de sus cursos de agua; siendo la expansión de potreros para ganadería extensiva (como se observa en la imagen), lo que ha generado la deforestación de importante masa boscosa, para dar paso a la instalación de pastizales, este hecho disminuye la capacidad de retener y purificar agua.

Elaborado por la Geóg. Carmelina Ramírez


Áreas intervenidas para instalación de pastizales en el Monumento Natural


ETAPA III. CANTIDAD DE ÁRBOLES NECESARIOS PARA LA REFORESTACIÓN**
      Esta etapa abarca la identificación del tipo de especies que se utilizarán para la reforestación y conservación de las cuencas hidrográficas, dependiendo de su ubicación geográfica en el estado, considerando la densidad por hectárea requerida para cada árbol una vez que éste alcance su clímax.

        Dependiendo de la especie que se vaya a sembrar, la densidad por hectárea cambia; sin embargo, existen aproximaciones como las que se muestran a continuación:

      Al plantar un árbol, es importante que se considere el espacio que éste requerirá una vez que crezca; el espacio que pueda ocupar depende mucho del tipo de árbol que se esté sembrando. En promedio se considera que un árbol necesita tierra en proporción al diámetro de su copa.

       Una distancia recomendada es la de 4m² a 5m² por árbol, en este caso se podría considerar que una hectárea cuenta con aproximadamente 400 ó 500 árboles, que resulta de aplicar la siguiente fórmula:

Ejemplo:
 
Calcular el número de árboles de ciruelo, que caben en una hectárea, si se van a sembrar en cuadro a una distancia de 5 metros entre árboles.



      Otra alternativa para calcular el número de árboles, que caben en una superficie, consiste en determinar cuántas hileras caben y cuántos árboles hay en cada hilera. Multiplicando el número de hileras por el número de árboles en cada hilera se obtiene el número total de árboles. Este método se puede utilizar cuando la forma del lote de terreno es regular, es decir cuando el número de árboles en cada hilera es igual y el terreno es más o menos plano. Aplicando el método al ejemplo anterior tenemos:


      Por otro lado, se deben ubicar e inventariar los viveros institucionales y comunales que se encuentran en el estado, así como aquellas áreas potenciales a ser utilizadas para tal fin; con el propósito fundamental de utilizarlos para las primeras etapas del proceso de producción de plántulas e ir creando una comunidad considerable de éstas que serán utilizadas en las distintas actividades de reforestación, para lo cual debe crearse un cronograma interinstitucional que establezca períodos precisos para la llegada a las zonas seleccionadas a intervenir.

       Al mismo tiempo, se deben establecer los mecanismos necesarios para la producción de semillas, en los rubros previamente seleccionados, para lo cual serán claves aquellas instituciones que posean laboratorios adecuados para todo el proceso.

ETAPA IV. SEGUIMIENTO Y CONTROL
      Para el cumplimiento de los objetivos planteados es fundamental e imperioso el seguimiento y control de las áreas reforestadas, con la incorporación de la comunidad que hace vida en las adyacencias de éstas; así como las instituciones con competencia en materia ambiental.

      Debe abordarse en primera instancia las Mesas Técnicas de Agua conformadas en los Consejos Comunales, así como las Brigadas Ambientales que estén conformadas en las instituciones educativas y en otras como CORPOELEC e INPARQUES.

      Este seguimiento y control debe incluir programas de educación ambiental, que permitan educar a la población en general sobre la importancia que tiene la conservación de las cuencas hidrográficas para el desarrollo de la vida del ser humano en el planeta.

      Es una tarea ardua que amerita de continuidad en el tiempo por parte de la población inmediatamente involucrada; pues es un proceso educativo y cultural, que no cala en la población en el corto y mediano plazo; un ejemplo claro es la implementación de la Misión Árbol a mediados del año 2006, a lo largo y ancho del país, de la cual más de una década después, no se han logrado los objetivos planteados inicialmente, pues si se hace una búsqueda rápida por la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, del cual depende esta Misión, no existen resultados sobre las plántulas que han sido distribuídas y sembradas desde que se creó; más allá de noticias relacionadas con jornadas puntuales de reforestación, de las cuales conocemos al momento de realizadas, pero que son olvidadas con el pasar del tiempo. 

      Por estas y otras razones, es fundamental la participación activa y protagónica de los habitantes de cada unidad hidrográfica objeto de estudio, es la comunidad organizada la que debe apropiarse y hacer suyo cada proyecto iniciado en su ámbito geográfico y en las adyacencias; puesto que los servidores públicos de las instituciones con competencia en materia ambiental, que inicialmente crean e intentan poner en ejecución este tipo de instrumentos y prácticas, por lo general, no tienen continuidad en dichos entes, llegando a perderse todos los recursos invertidos, tanto financieros, de personal e infraestructura.


*Atlas de la República Bolivariana de Venezuela. Edición 2014. Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.
**Aporte realizado por la Geóg. Carmelina Ramírez